No es casualidad
En junio de 2016, un grupo de chicos se encontraba realizando una competencia de rap en una plaza de Quilmes, la policía intervino realizando una requisa general a cada uno de ellos, y de manera humillante los obligó a ponerse contra la pared. El motivo de la requisa nunca se supo, pues, queda claro que fue una cuestión de pura selectividad por cómo estaban vestidos los chicos.
A fines de marzo personal policial dependiente de la Provincia de Buenos Aires ingresó a un domicilio donde funciona un comedor infantil en la localidad de Villa Caraza, Lanús, con la excusa de estar persiguiendo a un prófugo. Irrumpieron en el lugar de manera violenta, tiraron gas pimienta, y, según personas de la organización encargada del lugar, se llevaron a dos pibes. La reacción no se hizo esperar, la gente del barrio acudió a la Comisaria 5ª de Lanús para protestar.
Encontramos casos similares a los expuestos también en espacios académicos y educativos. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en un contexto de elecciones, la Policía local actuó como agente de “prevención”, habilitada por la Decana de la Casa de Estudios, cuyo fundamento fue la aglomeración de gente extraña a la institución. Asimismo, en la Universidad Nacional de Jujuy, la policía provincial ingresó violentamente sin orden judicial y detuvo a dos estudiantes por una denuncia vecinal de “ruidos molestos”. Finalmente, como máxima expresión de la habilitación punitiva en los espacios académicos nos encontramos con un grave hecho de irrupción policial, sin orden escrita de autoridad jurisdiccional competente, en la Escuela Normal Antonio Mentruyt, histórica entidad educativa de la localidad de Banfield. En este último caso intentaron detener a un alumno, pero afortunadamente cedieron a la resistencia de padres, docentes y alumnos.
Podemos seguir mencionando episodios como estos, tales como la violenta represión (y agresión) a estudiantes en la Municipalidad de Berisso, como así también hechos con particulares, como el caso del joven neutralizado y golpeado por cinco policías por el simple hecho de tener un cigarrillo de marihuana en Plaza Francia, territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, podemos nombrar a un sector del poder judicial que sostiene este tipo de políticas, el fallo Vera del Tribunal Superior de Justicia habilitaba a pedir, sin ninguna razón aparente más que una impresión, el documento a quien se quisiese y poder demorarlo, habilitando así una política policial sin bases racionales, deviniendo en una criminalización de ciertos sectores sociales.
Las agencias policiales llevan inherente en su esencia una pulsión punitiva y represiva, propia de todas las instituciones jerárquicas y militarizadas que tienen como fin latente, en términos del Sociólogo Robert King Merton, la utilización de la violencia como medio de control social en base a determinados intereses. Lo que sucede con la política implementada por el ministerio de Patricia Bullrich es que pareciera otorgar rienda suelta a esta pulsión punitiva, y justamente esto es lo que lleva a las situaciones de desborde represivo que expusimos en los párrafos anteriores. No es descabellado pensar que esta situación es una cuestión finamente planificada para “pacificar” (a los golpes) la conflictividad social que produjeron ciertas medida de “ajuste” económico en los sectores bajos y medios.
Ahora bien, sabemos que a través de nuestra corta historia la Institución Policial no goza de los mejores honores entre nuestra sociedad. Podemos mencionar episodios gravísimos como la participación en la Dictadura Cívico-Militar brindando estructura y agentes al servicio de las torturas y las desapariciones forzadas, como también la violenta represión al pueblo (al cual pertenecen) en el Argentinazo del año 2001. No podemos dejar de criticar la postura simplista que entiende que es el problema particular e individual de algunos agentes que exceden sus facultades punitivas, como bien vemos, si planteamos que todo esto es problema de “algunos policías” o simplemente son “hechos aislados”, no estaríamos observando que la experiencia nos desborda de casos similares e indudablemente nos conduce a pensar en un problema sistémico e institucional. Cabe agregar que el caso de la corrupción policial también lo es.
Por consiguiente, no se entiende realmente cuál es el rol que ocupa la institución policial en nuestra sociedad. La Policía gestiona el delito (negociados con la trata de personas, como bien se comprobó en numerosos casos, el más reciente en Llavallol), facilita y habilita espacios delictivos (como habilitó a las patotas de la burocracia sindical en el asesinato de Mariano Ferreyra), reprime. Es decir, que sin duda, si tenemos un grave problema de inseguridad en Argentina, la policía es uno de los principales factores que lo generan.
Siguiendo este razonamiento resulta cuanto menos extraña la decisión gubernamental de política criminal respecto a la seguridad. Ciertamente, es uno de los temas más preocupantes para los políticos argentinos, ya que ven una incesante demanda de seguridad proveniente de todos los sectores sociales que no pudo ser satisfecha a lo largo de, por lo menos, los últimos 20 años. Justamente por esta razón, la única respuesta que se otorga desde el Estado es a mayor demanda de seguridad mayores penas, creación de nuevos tipos penales y mayor presencia policial, repito mayor presencia policial (¿No habíamos dicho que la policía era uno de los factores determinantes del delito?).
En la era de la imagen y lo superficial, la respuesta de los gobiernos frente a un flagelo tan complejo como lo es el de la inseguridad es exactamente del mismo carácter, estética y superficial. La inseguridad, el delito, no es otra cosa que un conflicto social cuya raigambre resulta sumamente compleja, y es objeto de amplios debates en el campo de la criminología, empero, no se visualiza ningún abordaje serio y profundo desde los equipos de los sucesivos gobiernos que estuvieron a cargo de tratar la problemática en el país.
Sin embargo, en todo este meollo, que no es otra cosa que el planteo de un análisis serio de una compleja cuestión social, tenemos una certeza: más policía, más represión y más penas no disminuyen la tasa de criminalidad, y sí disminuyen el ámbito de libertad. En el año 2005, luego del trágico caso de privación ilegal de la libertad seguida de muerte que sufrió Axel Blumberg, se impulsaron y sancionaron leyes más severas respecto de los delitos, la más conocida fue la “Ley Blumberg” (Ley 25.886), que fue un paquete de medidas destinadas a modificar artículos del Código Penal de la Nación respecto de los delitos cometidos con armas de fuego, aumentando las penas previstas. Esto no trajo una reducción de los delitos con armas, por el contrario, a partir del año 2007 hubo un crecimiento sostenido respecto de casi todos los años anteriores (con excepción de los años 2002 y 2003, en los cuales el contexto económico y social fue más que elocuente).
Agregando fundamentos a este argumento también resulta indiscutible que la única política criminal sostenida desde el año 2003 fue la implementación de mayor presencia policial en los barrios, lo cual sólo genero mayor represión social en los barrios de mayor precariedad económica (como bien se puede ver en el crecimiento de los índices de gatillos fácil y/o violencia institucional), y nuevamente se nos viene a la mente la pregunta: ¿Logró esta política solucionar la conflictividad social? Y la respuesta inmediata que nos surge es indudablemente negativa.
Por consiguiente, luego de exponer nuestras razones para oponernos a una visión tan simplista, superficial e ineficaz respecto de la inseguridad, es que exhortamos a las personas que nos gobiernan a rediscutir de manera seria la problemática del delito.
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