RADICALISMO DE PIE, EL RADICALISMO VUELVE A LAS BASES...

miércoles, 25 de septiembre de 2013

No a la Baja de Edad de Imputabilidad

No resulta novedosa esta cuestión de tratar de subsanar flagelos estructurales, profundos, con remedios superficiales, meramente estéticos. El gobierno Nacional lleva a cabo esta política casi en todos los ámbitos: una verdadera justicia social no puede comprender meramente un bienestar económico, que si bien es parte importante, también debe ser en conjunto de una reforma a nivel cultural y educativo, cosa que no sucede (Ya que seguimos con una ley educativa nacional cuasimenemista, y con planes educativos que colisionan con los bajos sueldos de los que deben llevar a cabo la tarea de educar, los maestros), un sistema de transporte adecuado no se logra pintando viejos vagones, si mientras tanto los ciudadanos siguen viajando como si fueran ganado, la solución a la pobreza y a la marginalidad no se alcanza sólo con planes sociales, que si bien son primordiales no se consustancian con una política clientelar notoria desde el gobierno nacional, el pobre no es un mero voto, ni un número más, sino que es un ser humano excluido del mismo sistema que propugna el estado.
Con respecto a la baja de la edad de imputabilidad nos encontramos nuevamente con medidas superficiales parar problemas sustanciales. Es de gran notoriedad el giro desesperado con matices electoralistas que impulsó esta medida con el fin de "comprar el voto de clase media". Es de magna gravedad que se impulsen leyes por una simple vocación electoral, sin tener en cuenta a dónde nos podría llevar una ley de esta magnitud.
Para comenzar, el problema de la inseguridad no se soluciona con más fuerzas policiales en las calles, que tan putrefacta está su estructura que lo único que se lograría es seguir criminalizando la marginalidad, y seguir lamentando víctimas de un absurdo sistema represor. Ya tenemos un sistema penitenciario bastante viciado donde todos los días se violan los derechos inherentes que tienen los presos por el simple hecho de ser humanos. Nos encontramos con cárceles superpobladas, apremios ilegales por doquier, gran parte de la población carcelaria en libertad condicional, jueces de ejecución con demasiadas causas, sin un seguimiento permanente y personal para lograr una verdadera resocialización (Ya que ésta es la teoría de la pena que adopta el ordenamiento penal argentino), innumerables delitos en los penales tanto por parte de los otros presos como por parte del personal penitenciario, presos que consiguen su libertad pero que en la calle no encuentran ni una sola salida porque no tienen los elementos para hacerlo ¿Es en este sistema que queremos incluir a los menores? Por cierto, no tenemos solucionado el problema del sistema penitenciario, y esto es querer seguir agregándole problemas, al sistema y a la persona que fuera a sufrir la condena de privación de su libertad. ¿Acaso nadie pensó en esto a la hora de tocar un tema como la baja de edad de imputabilidad?
Para aclarar un poco el panorama y disipar dudas, quiero exponer que existe un Régimen Penal Juvenil, y que los menores de 18 (desde los 16) son punibles en la actualidad, cuestión que muy pocos deben saber. La ley que regula este régimen es la ley 22.278, que en su primer artículo nos aclara que un menor de 18, desde los 16 es punible en delitos de acción pública (Homicidio, robo, etc), pero no lo es en delitos de acción privada, estos son delitos que no pueden ser iniciados de oficio por el estado (Min. Público Fiscal), por ejemplo: calumnias e injurias,como tampoco en delitos de penas privativas de libertad menores a 2 años, por ejemplo un hurto o una intimidación contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Por consiguiente es una falacia la premisa de que un menor no es punible, ya que parecería ser que esta premisa domina el conocimiento popular y colectivo.
Es necesario también informar que uno de los puntos fuertes de los que querer bajar la edad de imputabilidad es totalmente endeble. Estamos hablando de la gran falacia sobre la cual se basa esta nefasta idea: que la cantidad de delitos que cometen los menores es representativa frente al número total de delitos. Es necesario desmentir esto, es una gran falsedad. Los delitos cometidos por menores, por lo menos en la Prov. de Bs.As es ínfima con respecto al número total. Ni los peores pronósticos superan la representatividad de mayor al 4,3%, que es la estadística expuesta por La Nación (Un diario no muy amante de los Derechos Humanos, y se podría decir, ligado a las corporaciones económicas del país, con una gran tendencia opositora al gobierno nacional). Un informe de InfoJus, una agencia ligada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Es decir totalmente contraria en el plano mediático con el diario antedicho) nos muestra crifras mucho menores.  (Fuentes: http://www.lanacion.com.ar/1617984-en-la-provincia-el-43-de-los-delitos-involucra-a-menores , Estadísticas 2012 InfoJus http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mitos-realidades-y-estadisticas-del-delito-juvenil-en-la-provincia-1507.html)
Es innegable que algo anda mal en nuestro sistema, pero esto no quiere decir que criminalicemos a las víctimas del mismo, es decir, los niños marginados que crecen con un Estado ausente y no conocen otra opción que no sea la de delinquir, ya que su ambiente está plagado de dicho flagelo.
Es hora de que los legisladores, el gobierno, y todo el espectro político comience a replantearse las decisiones que toman. Una ley, un decreto, una resolución, provocan un cambio en la vida de las personas, y si se realiza sin mirar en las consecuencias, mediatas, inmediatas, e inclusive las lejanas, se corre el riesgo de afectar dichas vidas en detrimento de su bienestar.
Desde la Juventud Radical no vamos a tolerar que se siga criminalizando la pobreza, que se siga sosteniendo un Sistema Penitenciario que viola los Derechos Humanos diariamente, que se siga apoyando una estructura de Fuerzas Policiales que huele a pudredumbre, que criminaliza al marginado y arregla con el sicario, el narcotraficante, y los delincuentes de guante blanco. Nosotros queremos maestros que contengan, no policías que repriman.
El Frente Para la Victoria desnuda su vacío ideológico día tras día, su política de fondo no se asemeja ni con el peor de los progresismos, pero su política de cartelera quiere encubrir con una hipócrita manta progresista su estructura más nefasta, que es el peronismo menemista-duhaldista reciclado. El peronismo actual no reivindica las luchas sociales de las clases marginales, sino que es una maquina de cooptación mediante contraprestaciones clientelares, manteniendo a los marginados en su marginalidad, porque es de su conveniencia.
¿Por qué no se realiza un trabajo de fondo para rescatar a esta parte de la población que ´persiste en la marginalidad a través de la asistencia del Estado y el acompañamiento en todos los estadíos que transcurren en la vida de los menores? Claramente la política de "justicia social" del Frente Para la Victoria es infructuosa, la marginalidad, la exclusión es moneda corriente, y es por esto que existe la inseguridad.

Es por esto que nos oponemos enérgicamente a la idea de bajar la edad de imputabilidad.

#NingúnPibeNaceChorro

TODO PRESO ES POLÍTICO



jueves, 5 de septiembre de 2013

En repudio a las tristes declaraciones del Diputado Kirchnerista.

Desde la Juventud Radical de Lomas de Zamora repudiamos enfáticamente los dichos que hizo el señor Rubén Contreras, Diputado Provincial de Santa Cruz por el Frente para la Victoria, que se manifestó hoy a favor de la apertura de prostíbulos en la Provincia y argumentó que "hay una necesidad que todos sabemos, de distracción, de estar con una mujer, es fundamental para la vida normal de un hombre". Nos parece lamentable que un funcionario publico que tiene el deber de representar a los ciudadanos sostenga estas practicas denigrantes y sexistas, que fomentan la trata de personas, la violencia de genero y muchos otros flagelos. Desde la JR pedimos la inmediata renuncia del Diputado y las disculpas pertinentes por sus desafortunados dichos. 

miércoles, 4 de septiembre de 2013

UCR Comité Nacional sobre la Crisis Energética



PARA RECUPERAR LA SOBERANIA ENERGETICA

1. LA CRISIS ENERGETICA
El sector energético de la Argentina presenta graves problemas y evolucionará desfavorablemente en los próximos años si no se toman medidas rápidas, severas y estructurales. Los rasgos principales de la crisis son los siguientes:
Disminuyó la exploración de gas y petróleo.
La insuficiente exploración para descubrir nuevos yacimientos es la causa
principal de la caída de reservas de gas y petróleo y de la disminución de
la producción de hidrocarburos, en un contexto regional donde la
mayoría de los países latinoamericanos las aumenta. La inversión total
en exploración en los últimos 8 años es sólo el 50 % de la que hacía la
YPF estatal en la década del 80.
Perdimos el autoabastecimiento energético.
Argentina perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde
1989 y que logró mantener por más de 20 años y
se convirtió en un país importador neto y por lo tanto dependiente.
Como la demanda energética crece en todos los rubros -naftas 11,4 %; gas oil (excluyendo usinas) 3,4%; Propano y Butano 4,1%; gas natural 4,9 %; energía
eléctrica 5,4 %- y no puede ser satisfecha con una oferta de
hidrocarburos en declinación permanente, el resultado es un país volcado
en forma neta a la importación energética en todos los rubros pero
principalmente en: gas natural y en combustibles como el Fuel Oil y el
Gas Oil.
Aumentaron los subsidios a precios y tarifas
La dependencia de las importaciones tiene su correlato en subsidios más
onerosos para sostener precios y tarifas que no recuperan costos. Los
subsidios energéticos en 2010 treparon a 26.000 millones de pesos.
Se intervinieron y distorsionaron los precios internos de toda la cadena
de valor energética”, “Como consecuencia, frente a las necesidades de
crecientes importaciones, se da la paradójica situación que el gas
importado de Bolivia o por barco (GNL) se paga entre 4 y 6 veces más
que el que se produce en las cuencas argentinas”. “Esto se traduce en
una absurda política de promoción de importaciones o “compre
extranjero” a contrapelo de las restricciones que vuelve a presentar la
balanza de pagos del país”.
Tener en cuenta además que los subsidios al transporte también son de
raíz energética.
La inversión privada es insuficiente y la pública incorrecta.
La insuficiente inversión privada forzó la intervención del estado, que
también fue insuficiente, mal planificada, discrecional y con altos
sobrecostos. Además el gobierno somete a los actores privados del
mercado a una paradoja paralizante: conserva el orden existente de los
90, pero simultáneamente no cumple ni modifica las reglas de juego.
Las leyes que regulan el sector no se cumplen.
La normativa vigente no se cumple y existe una inexplicable (y negativa)
prórroga de 10 años de la Ley de Emergencia Pública sancionada en
2002. En ese contexto no existe confianza generalizada en la legislación
ni en los derechos y obligaciones que emanan de las mismas.
Resultado paradójico y contradictorio de un modelo que impone solo las
consecuencias indeseables del libre mercado, sin ninguna de sus
ventajas.
No existe un control adecuado.
Las instituciones destinadas a regular y establecer la política energética
sufren un notable desprestigio y se encuentran vaciadas: el criterio de
los funcionarios está regido por el temor y el silencio total. Las
instituciones regulatorias creadas por ley (ENRE y ENARGAS) continúan
después de 8 años intervenidas y son altamente dependientes del poder
político.
2. LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ACTUAL
Ante los extraordinarios desajustes en el funcionamiento del sistema
energético, por primera vez el gobierno nacional “blanquea” la crisis; lo hace en una forma incompleta e incoherente, y sobre todo tratando de transferir
culpas; sin embargo  después de ocho años de gobierno las
responsabilidades de la actual administración son intransferibles.
Por ley el Estado nacional tiene la función de fijar la política nacional de
hidrocarburos y no lo hizo; debió haber diseñado y puesto en marcha planes estratégicos; y debió haber anticipado y transparentado esta situación
informando adecuadamente a la ciudadanía.
Muy particularmente el Gobierno nacional ante la caída de las reservas y de la inversión exploratoria, debió haber lanzado una política exploratoria activa
para incorporar nuevos yacimientos y tampoco lo hizo. La última y muy exitosa que Argentina tuvo se llamó Plan Houston y fue del gobierno de Raúl Alfonsín.
No se saldrá de esta situación comprometida si no se realiza un cambio de
política, un cambio de organización del sector, y – sobre todo- si no se
sanciona un nuevo marco legal. La salida debe ser consensuada como política de estado.  Para iniciar ese proceso de cambio es necesario que se admita la responsabilidad de comando en el fracaso.
El equipo energético debe dar un paso al costado y permitir la implementación de una nueva política que revierta en un plazo mediato esta penosa situación.
3. AUDITORIA DE AREAS PETROLERAS CONCESIONADAS Y DE
PERMISOS DE EXPLORACION
Se debe impulsar una
Auditoria Integral e independiente de Concesiones
de Explotación y Permisos de Exploración,
en todas y cada una de las
áreas dadas en concesión o permiso de exploración desde 1992.
Las auditorías deberán verificar la legalidad y cumplimiento de Obligaciones
por parte de concesionarios y permisionarios. Además, deberán incluir los
contratos prorrogados. Los resultados de las Auditorías deben ser públicos.
Estas auditorías también incluirán la
certificación de las reservas que Argentina posee en sus diversas categorías en todo el territorio nacional.
4. PLAN PARA RECUPERAR LA SOBERANIA ENERGETICA
El plan de la UCR para enfrentar y resolver definitivamente la crisis energética, se basa en el establecimiento de un nuevo orden legal sectorial y de una nueva organización que permita al estado nacional, en armonía con las provincias, recuperar el poder de decisión y la soberanía sobre el manejo de nuestros recursos energéticos en beneficio de todos los habitantes de la nación.

El mismo se integra en los siguientes puntos:

A partir de las auditorías y al conjunto de áreas revertidas al estado nacional y
provincial por incumplimientos, se configurará un nuevo mapa hidrocarburífero
para Argentina. La gestión de las áreas de este nuevo mapa, contemplando los
supremos intereses estratégicos nacionales, y de acuerdo a lo que disponga la
nueva legislación podrá contemplar tanto nacionalizaciones o estatizaciones
parciales, como así también el llamado a nuevas licitaciones públicas con las
áreas revertidas al estado por incumplimiento por parte de las empresas
petroleras.
El estado nacional garantizará dentro de la política nacional de hidrocarburos
en todo momento una adecuada captación de la renta petrolera y el
equilibrado usufructo de la misma por parte de todos los habitantes de la
nación
Crear una Agencia Federal Energética (AFE)
que atienda las políticas de
Petróleo, Gas y Biocombustibles Nacionales; fiscalice la actividad de los
permisionarios y concesionarios; realice licitaciones de áreas de
exploración; controle y transparente el funcionamiento de los mercados de
hidrocarburos para evitar conductas monopólicas.
Presentar al Congreso de la Nación de una nueva Ley de
Hidrocarburos
que reemplace a la ley 17319 y a la ley Corta nº 26197.
Impulsar una Auditoria integral e independiente para el proceso de
importación de combustibles
, particularmente gas natural licuado (GNL),
Gas Oil, y Fuel Oil. Se evaluarán las operaciones en conveniencia; legalidad;
transparencia y precio competitivo. Los resultados de las Auditorías serán
públicos.
Exigir que se reviertan la áreas a sus concedentes
a aquellos concesionarios de explotación o permisionarios de exploración que no
hayan cumplido con sus compromisos, conforme a las pautas que
establece la legislación hoy vigente.
En función del resultado de las auditorías y del plan energético nacional,
evaluar
la nacionalización de YPF o la creación de una nueva
empresa.
Creación del Mercado Unico de Combustible,
el M.U.C estará integrado
por el Estado y los operadores (productores, refinadores y
comercializadores). Los objetivos centrales son: garantizar el volumen para
todas las estaciones de servicio (blancas y de marca), eliminando los cupos
y establecer un precio único para todo el país.