El 11 de Marzo nos movilizamos todos contra la burocracia sindical - ¡Justicia por Darío Ávalos!

En el día de ayer participamos de la Asamblea que se realizó para la constitución de la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Adolfo Ávalos, obrero disidente de la UOCRA asesinado por la burocracia sindical de manera cobarde.
Estuvieron presentes Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines), Néstor Pitrola (Dirigente Partido Obrero), ATE Sur, Tribuna Docente, la Dra. Claudia Ferrero (Querellante del caso), Convergencia Socialista, entre otros.
La Juventud Radical fue invitada a integrar esta comisión para sumarse a la lucha contra la burocracia sindical y la impunidad del poder político que la ampara. La burocracia sindical no sólo no defiende los intereses de los trabajadores y no permite expresión disidente alguna, sino que también, si es necesario para aferrarse al poder, MATA, ASESINA...
En esta reunión se acordó una Movilización por el centro de Lomas de Zamora para exigir justicia el día 11 de Marzo a partir de las 18hs.  Este día todos tenemos que estar presentes para pedir justicia.

 

Primer Encuentro de la Juventud Radical de la 3ra Sección Electoral

SÁBADO 28/2

CRONOGRAMA:
* 12 hs – Acreditación / Bienvenida y almuerzo
* 13 hs – Lectura del Acta Constitutiva
* 14:30 hs – Debate sobre Escenarios Electorales / Actividad sobre “Memoria, Verdad y Justicia”
* 17 hs – Volanteada y actividad sobre “Crisis Educativa Bonaerense”

 Comite de Distrito de Lanus. Calle Margarita Weild 1799, Lanus Este

Semana en conmemoración de Crisólogo Larralde - Actividad alusiva el Miércoles 25 de Febrero a las 19hs

A razón de que se acerca la fecha del fallecimiento del Sr. Crisólogo Larralde, realizaremos junto a la Organización de los Trabajadores Radicales (O.T.R) una actividad en el Comité del Distrito,con el propósito de conmemorar su persona, su trayectoria y su lucha por las causas sociales.

Charla- Debate:

"La sanción del nuevo Código Civil y Comercial unificado,y sus implicancias sobre los Trabajadores"


Diserta: Dr. Ivo Holsinger (Asesor Legal de la O.T.R).


MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO A LAS 19 HS

LUGAR: COMITÉ DE DISTRITO DE LOMAS DE ZAMORA (COLOMBRES 448 A 20 MTS DE AV. YRIGOYEN) 

 

A 3 años de la Tragedia de Once seguimos reclamando Justicia

Hoy a las 19hs en Plaza de Mayo habrá un acto para conmemorar a las víctimas y pedir justicia...

¡Basta de Impunidad!

Justicia por Adolfo Ávalos, víctima de la Burocracia Sindical asesina en Lomas de Zamora

Hace un poco menos de un año, en Lomas de Zamora, la burocracia sindical volvió a mostrar su peor cara, esa que está manchada con la sangre de los trabajadores. En pocas semanas se cumplirá un año de aquél trágico suceso, y todos tenemos que estar en las calles pidiendo Justicia.
El día 11 de marzo del 2014 la patota de la UOCRA de Lomas de Zamora perpetró un ataque asesino hacia un grupo de trabajadores que exigían frente a una obra en la Ribera de Villa Fiorito la reincorporación de compañeros despedidos y pedían fuentes de trabajo. Este ataque fue coordinado por delegados del sindicato en el distrito, premeditado punto por punto y terminó con la vida del Trabajador Adolfo Ávalos, que mientras huía recibió un disparo de arma de fuego por la espalda, e hirió a tres trabajadores más. En la burocracia sindical no hay lugar para las palabras democracia, opositores, disidencia o debate. Las decisiones se toman por una camarilla que se maneja mediante la violencia, los aprietes, la coacción y la coerción de sus compañeros. En general, la camarilla de burócratas no forma parte de los trabajadores, sino que con el dinero de éstos se han constituído en paladines de las patronales que tienen por fin inmediato y mediato su posicionamiento económico y político antes que los intereses de los trabajadores que dicen defender. Mantienen, a veces, cierta legitimidad por pequeñas concesiones que son ínfimas comparadas con sus ganancias, y la Ley de Asociaciones Sindicales es un traje a su medida, desoyendo las observaciones de la OIT (http://www.iprofesional.com/notas/111810-La-OIT-volvi-a-pedir-la-reforma-de-la-Ley-de-Asociaciones-Sindicales) y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Lomas de Zamora todavía no hay justicia, la familia y los amigos de Ávalos exigen justicia. Un trabajador más, una persona más víctima de un modelo asesino ¿Cuán cobarde se puede ser para atacar entre 40 o 50 personas con armas de fuego, armas blancas y palos a un grupo de trabajadores que reclaman por la devolución de un puesto de trabajo?


¡Exigimos Justicia por Adolfo Ávalos!
¡Decimos Basta a la Burocracia Sindical!

 InfoJus informó sobre el tema http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/asesinato-en-la-uocra-para-la-fiscalia-fue-una-emboscada-3432.html

 

UNA MUERTE QUE DEBE SER ESCLARECIDA; UN ATENTADO QUE NO DEBE SER OLVIDADO Y QUE EXIGE VERDAD Y JUSTICIA

En la mañana del día lunes 19 de enero, los argentinos nos despertábamos para realizar las distintas actividades que debiéramos encarar en el día, recibiendo la sorpresiva noticia de la muerte del Dr. Alberto Nisman, Fiscal a cargo de la investigación de la causa del atentado a la AMIA. Como no podía ser de otra manera, éste acontecimiento ha consternado a toda la opinión pública, aún más teniendo en consideración que a las 15hs del mismo día en que nos enterábamos de su muerte, debía hacerse presente en el Congreso de la Nación, para exponer la denuncia/acusación que pocos días antes había presentado ante la Cámara Federal, en la cual mencionaba entre otros, a la Presidente de la Nación y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, responsabilizándolos de buscar evitar el esclarecimiento del atentado a la Mutual Israelí, a través de la firma del Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán.
No nos corresponde a nosotros como militantes políticos que somos, hacer una acusación jurídica respecto a si lo acontecido con la muerte del Dr. Nisman ha sido a causa de un suicidio, de un suicidio instigado, o un homicidio, sin tener pruebas que nos posibilite acudir ante quienes corresponde para dar aporte de ellas. Es responsabilidad de las autoridades judiciales competentes y que están a cargo, dar respuestas a los interrogantes que se están planteando producto de  la causa, y la imperiosa necesidad no solo de su familia, sino de toda la sociedad argentina, de conocer la verdad de lo sucedido.
Si tenemos la total libertad para manifestar una posición política de lo que corresponde expresarse políticamente, siendo responsables de no parecer ni ser oportunistas en un hecho que no merece anteponer cuestiones correspondientes a aspectos político-electorales (con motivo de estar en un año donde se renuevan autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales en cargos ejecutivos y legislativos) , cuando lo que exige la muerte del Dr. Nisman es responsabilidad política para dejar que quienes tienen como función investigar lo ocurrido, puedan hacerlo dentro del marco total de no sufrir hostigamientos de ninguna clase, que impida el correcto desenvolvimiento de sus tareas.
Que nos encontremos todos hablando del deceso del Fiscal de la causa del atentado a la AMIA, aun habiendo pasado ya varios días de ello, no es porque simplemente se llame Alberto Nisman (esto sin dejar de poner acento a que se ha perdido la vida de un ser humano, lo que no deja de ser lamentable, mucho más teniendo en cuenta el contexto hasta hoy desconocido de cómo ha ocurrido, sabiendo que su muerte puede ser resultado de cualquiera de las tres hipótesis que se manejan, no deja de ser una forma a la que no estamos preparados para ver morir a nadie, cuando la manera que aceptamos es el desenlace que naturalmente es efecto del paso del tiempo), sino porque era quien estaba a cargo de la investigación de lo acontecido aquel 18 de julio de 1994, que dejó como resultado 85 muertos, más de 300 heridos, familias destruidas, y una Nación golpeada por uno de los actos terroristas más graves que nos ha tocado sufrir en nuestra historia. Más de 20 años han pasado de ese lamentable hecho, un gravísimo suceso que nos exige como ciudadanos y como sociedad, no olvidar. No olvidar implica no solo que se mantenga presente en nuestras memorias el recuerdo de lo acaecido hace más de dos décadas como una tragedia, que lo fue; no olvidar nos exige que como pueblo exijamos  que pueda conocerse la verdad de lo acontecido ese 18 de julio, y que a razón de esa verdad, se haga justicia en nombre de las víctimas que dejó aquel ataque contra la Mutual Israelí. No olvidar demanda que sea considerado inadmisible que aquel atentado quede impune.
El Oficialismo de Gobierno, en enero del 2013, decide firmar por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Héctor  Timerman, un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, con el objetivo (según lo manifestaran el propio Ministro, la Presidente de la Nación y demás funcionarios del oficialismo) de poder avanzar en la toma de conocimiento de aquel atentado a la AMIA. Ésta decisión es un viraje rotundo que se hizo desde el Ejecutivo, respecto a la postura que venía adoptando desde tiempo atrás. El propio Néstor Kirchner, y los respectivos Cancilleres durante su Presidencia (Rafael Bielsa primero, y luego Jorge Taiana –éste último quien estuvo en el cargo hasta el 2010 inclusive-) se habían negado a negociar la exclusión de la imputación de sospechosos iraníes, a cambio de obtener una mejora en las relaciones comerciales con Irán (como ellos mismos lo expresaran, según eran las intenciones de Irán con el objetivo de que se levantara los pedidos de captura internacional emitidos por Interpol , que fueran pedidos por el juez de la causa, Dr. Canicoba Corral), además de que hasta entonces, las decisiones eran de consulta permanente con las entidades de la comunidad judía en la Argentina (caso DAIA y AMIA). El propio Rafael Bielsa llegó a decir que  “Las relaciones comerciales (con Irán) no existían, se empezaron a incrementar después de que dejé la Cancillería. Nos hacían ofertas: 4 mil millones de dólares en compras de maíz, trigo, etc. Tuve algunos diálogos en Venezuela con su presidente en ese tiempo, Muhammad Jatami, y estuvimos a punto de armar una reunión con Néstor Kirchner. Tomaban muchos cuidados y, finalmente, no se hizo. Siempre nos estaban haciendo trampa".
Aun ante esto, el Ministro de Relaciones Exteriores, con aceptación de la Presidente de la Nación, comienza a realizar tratativas para lograr como resultado la firma del Memorándum de Entendimiento, Memorándum que por cierto, entre una de sus mayores irregularidades, es que la República Argentina decide aceptar que la jurisdicción se prolongue (no queda del todo claro los límites para ello) - ya que Irán jamás aceptó la jurisdicción Argentina, porque siempre ha negado su participación en el atentado en carácter de Estado, o de algunos de sus nacionales-  para llevar adelante etapas del proceso judicial, donde figura la labor de una Comisión  -que no tiene sede fijada-, que estará integrada por 5 miembros (no pudiendo ser nacionales de ninguno de los dos Estados) que elaborará un informe con recomendaciones, que serán tomadas en consideración por ambas partes, pero que no tiene el carácter de vinculante ( al menos, es la imprecisión con la que está redactado el Memorándum, que no aclara ésta situación  -aunque daría lugar a pensar que no lo sería, por decir al final del art. 4 que “…Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras”-, como tampoco, cual es la naturaleza jurídica de los interrogatorios y su valor procesal: si se pueden considerar como declaraciones indagatorias de los acusados o en verdad son declaraciones testimoniales de testigos involucrados en la causa, lo cual implica tener efectos procesales y jurídicos completamente diferentes). A su vez, tampoco es tajantemente claro respecto de si las autoridades judiciales argentinas podrán encargarse de hacer los interrogatorios, porque de la única que expresamente hace mención a que podrá efectuar preguntas es de la Comisión a conformar. El Tratado  (porque es la naturaleza jurídica que corresponde en el Derecho Internacional  a lo que ha sido firmado, y frente a lo cual al haber cumplido todos los pasos correspondientes dispuestos en la Constitución Nacional para su ratificación, en su carácter de Tratado Internacional tiene jerarquía supralegal, es decir, prevalece por sobre todas las normas infraconstitucionales de la Argentina, como son el caso del Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, etc.) no es claro en ello, sin considerar además, que es el propio Tratado que dispone que en el supuesto que hubiere una disputa sobre su implementación prevalecerá el texto en inglés  -art. 9-  lo cual ocasiona mayor complejidad y complicación a la situación.
La Cámara Federal el 15 de mayo del 2014 decidió declarar inconstitucional el Memorándum de Entendimiento argumentando que la firma del mismo no procura destrabar el conflicto existente acercando a las partes para hacer efectiva una cooperación judicial, sino que el objeto de lo acordado se tradujo en la creación de una Comisión cuyas funciones invaden la esfera de la jurisdicción condicionando sus decisiones, lo cual convalidar lo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores comprendería admitir la intromisión del mismo en cuestiones que le son ajenas a su competencia Constitucional, ya que determinar responsabilidades penales como aplicar la ley es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial de la Nación. Al margen de lo resuelto por el Tribunal argentino, lo cierto es que la decisión política del oficialismo de Gobierno en la firma de éste instrumento internacional no sólo  no iba a posibilitar avanzar en la investigación de la causa, sino que además no estaba direccionado en lograr que la Justicia Argentina recibiera toda la información necesaria para realizar el proceso judicial legal correspondiente, porque se vería entorpecida su labor de determinar la verdad de los hechos con la intromisión de la Comisión creada Ad Hoc para el caso en cuestión. 
La muerte del Dr. Nisman trajo también al debate público, el rol y la función que ha venido desempeñando la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) desde la última dictadura hasta la actualidad. Como suele ocurrir con ciertos organismos del Estado, el rol de la Secretaría de Inteligencia quedó atado al nombre del hoy muy renombrado Jaime Stiusso, quien fuera funcionario de la ex SIDE  por más de 40 años (hasta diciembre del último año), en el área de contrainteligencia, y que tenía contacto permanente con Nisman, ya que era quien colaboraba con él en la investigación de la causa proporcionándole información y material que recolectaba desde su función en la Secretaría.
La sospecha que se generó entorno  a la información clasificada que está bajo poder de la ex SIDE, ha provocado que desde la Presidencia de la Nación se enviara al Congreso a fines del mes de enero un proyecto que promueve (como anunciara la propia Presidente) disolver la Secretaría de Inteligencia, y conformar la Agencia Federal de Inteligencia. Pese a la iniciativa política del oficialismo de impulsar como tratamiento legislativo una modificación del Servicio de Inteligencia que consideramos positivo y necesario, no deja de ser sorpresiva la convocatoria a sesiones extraordinarias pretendiendo impulsar un debate poco detenido en conformar un proyecto en el cual quede establecido una política de Estado que comprometa a todos los sectores políticos con representación Parlamentaria a reformular la lógica de los organismos de inteligencia de forma integral. También corresponde ser crítico con los espacios políticos no oficialistas (y a nosotros nos corresponde poner mayor énfasis y atención sobre quienes son representantes de la U.C.R) que decidieron no ser parte de la discusión político en un tema de semejante envergadura, cuando requiere muchísimo debate ésta reformulación política.
Éste proyecto deja mucha incertidumbre sobre ciertos aspectos relevantes que también son necesarios estudiar y modificar, si en verdad el propósito es cambiar estructuralmente el rol de los organismos de inteligencia, y generar un control más exhaustivo sobre los mismos, no sólo desde el Congreso de la Nación, sino también con la participación de organismos de Derechos Humanos que puedan ser parte de ese control. El proyecto anunciado por cadena Nacional, no refiere ni explícita ni implícitamente sobre cuál será la función ni cómo será el control sobre la contrainteligencia (cuya tarea tiene como propósito  evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional, lo cual es de alta sensibilidad y de poca precisión), área del que era miembro el hoy conocido Stiusso. Tampoco detalla cual es el motivo de la transferencia a la Agencia Federal de Inteligencia del personal y la competencia de la Dirección Nacional de inteligencia Criminal, que es dependiente del Ministerio de Seguridad, ni que pasa con los datos que también tiene clasificados ésta Dirección de Inteligencia; ¿la información que se recolectó por medió del famoso Proyecto X no pretende ser desclasificada? .No está claro porqué el oficialismo sigue queriendo ocultar esa información si en verdad pretende desarticular el modelo de actuación de los organismos de inteligencia que hoy están vigentes. El proyecto tampoco busca separar la inteligencia (como método de producción de información) con la investigación (como forma de análisis de la información producida, y responsabilidad de producir prueba sobre esa información), lo cual permitiría un control más acorde que imposibilite que quienes se dedican a realizar servicios de inteligencia no sean los mismos que investiguen esa información. Se busca incorporar por medio del proyecto un artículo a la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25520) que dispone un plazo para desclasificar la información, documentos y material en manos de la ex SIDE que no puede ser menor a 25 años a partir de la decisión que originó su clasificación, y deja en manos del Ejecutivo la posibilidad de ordenar su desclasificación de cualquier información posibilitando el acceso parcial o total a la misma cuando lo considere conveniente “para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes”. Esto claramente es totalmente arbitrario a las necesidades que pueda tener el Presidente de turno en dar a conocer esa información, sin dejar pasar por alto que si solamente el plazo para desclasificar la información, el materia y documentos clasificados no puede ser menor a 25 años desde que se decidió clasificarlos, implica que hoy sería posible desclasificar desde 1990 hacia atrás. ¿Qué tiene que esconder el oficialismo al no proponer desclasificar toda la información que está en manos de los servicios de inteligencia? .Se busca crear un banco de protección de datos donde se centralizará la base de datos de los organismos de inteligencia, que estará a cargo de “un funcionario responsable”; ¿cómo se designa a esa “funcionario responsable” y cuales son la condiciones de idoneidad que tiene que tener para ser considerado responsable?. ¿Qué pasa con el personal, bienes, activos y patrimonio de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que está en manos del Jefe del Ejército Gral. Milani, acusado de violación de DD.HH durante la última dictadura?¿ Por qué el proyecto no hace referencia sobre eso?.
Indudablemente, las deficiencias al momento de poder dar luz a una causa que todavía está llena de oscuridad como lo es lo sucedido en el atentado a la AMIA, la sorpresiva muerte del Fiscal de la causa, las irregulares tareas que vinieron ejerciendo los organismos de inteligencia durante la última dictadura, como durante todo el proceso democrático que lleva más de 30 años, no puede detenernos como sociedad en la decisión conjunta y colectiva de exigir al Poder político y al Poder Judicial que se llegue a las últimas consecuencias sobre éstos hechos que no pueden quedar impunes. Hay UNA MUERTE QUE DEBE SER ESCLARECIDA, Y UN ATENTADO QUE NO DEBE SER OLVIDADO Y QUE EXIGE VERDAD Y JUSTICIA