PARA
RECUPERAR LA SOBERANIA ENERGETICA
1. LA
CRISIS ENERGETICA
El sector energético de la Argentina presenta graves problemas y
evolucionará desfavorablemente en los próximos años si no se toman medidas
rápidas, severas y estructurales. Los rasgos principales de la crisis son los
siguientes:
•
Disminuyó
la exploración de gas y petróleo.
La insuficiente exploración para descubrir nuevos yacimientos es la
causa
principal de la caída de reservas de gas y petróleo y de la disminución
de
la producción de hidrocarburos, en un contexto regional donde la
mayoría de los países latinoamericanos las aumenta. La inversión total
en exploración en los últimos 8 años es sólo el 50 % de la que hacía la
YPF estatal en la década del 80.
•
Perdimos
el autoabastecimiento energético.
Argentina perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde
1989 y que logró mantener por más de 20 años y
se convirtió en un país importador neto y por lo tanto dependiente.
Como la demanda energética crece en todos los rubros -naftas 11,4 %; gas
oil (excluyendo usinas) 3,4%; Propano y Butano 4,1%; gas natural 4,9 %; energía
eléctrica 5,4 %- y no puede ser satisfecha con una oferta de
hidrocarburos en declinación permanente, el resultado es un país volcado
en forma neta a la importación energética en todos los rubros pero
principalmente en: gas natural y en combustibles como el Fuel Oil y el
Gas Oil.
•
Aumentaron
los subsidios a precios y tarifas
La dependencia de las importaciones tiene su correlato en subsidios más
onerosos para sostener precios y tarifas que no recuperan costos. Los
subsidios energéticos en 2010 treparon a 26.000 millones de pesos.
Se intervinieron y distorsionaron los precios internos de toda la cadena
de valor energética”, “Como consecuencia, frente a las necesidades de
crecientes importaciones, se da la paradójica situación que el gas
importado de Bolivia o por barco (GNL) se paga entre 4 y 6 veces más
que el que se produce en las cuencas argentinas”. “Esto se traduce en
una absurda política de promoción de importaciones o “compre
extranjero” a contrapelo de las restricciones que vuelve a presentar la
balanza de pagos del país”.
Tener en cuenta además que los subsidios al transporte también son de
raíz energética.
•
La
inversión privada es insuficiente y la pública incorrecta.
La insuficiente inversión privada forzó la intervención del estado, que
también fue insuficiente, mal planificada, discrecional y con altos
sobrecostos. Además el gobierno somete a los actores privados del
mercado a una paradoja paralizante: conserva el orden existente de los
90, pero simultáneamente no cumple ni modifica las reglas de juego.
•
Las leyes
que regulan el sector no se cumplen.
La normativa vigente no se cumple y existe una inexplicable (y negativa)
prórroga de 10 años de la Ley de Emergencia Pública sancionada en
2002. En ese contexto no existe confianza generalizada en la legislación
ni en los derechos y obligaciones que emanan de las mismas.
Resultado paradójico y contradictorio de un modelo que impone solo las
consecuencias indeseables del libre mercado, sin ninguna de sus
ventajas.
•
No existe
un control adecuado.
Las instituciones destinadas a regular y establecer la política
energética
sufren un notable desprestigio y se encuentran vaciadas: el criterio de
los funcionarios está regido por el temor y el silencio total. Las
instituciones regulatorias creadas por ley (ENRE y ENARGAS) continúan
después de 8 años intervenidas y son altamente dependientes del poder
político.
2. LA
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ACTUAL
Ante los extraordinarios desajustes en el funcionamiento del sistema
energético, por primera vez el gobierno nacional “blanquea” la crisis;
lo hace en una forma incompleta e incoherente, y sobre todo tratando de
transferir
responsabilidades de la actual administración son intransferibles.
Por ley el Estado nacional tiene la función de fijar la política
nacional de
hidrocarburos y no lo hizo; debió haber diseñado y puesto en marcha
planes estratégicos; y debió haber anticipado y transparentado esta situación
informando adecuadamente a la ciudadanía.
Muy particularmente el Gobierno nacional ante la caída de las reservas y
de la inversión exploratoria, debió haber lanzado una política exploratoria
activa
para incorporar nuevos yacimientos y tampoco lo hizo. La última y muy
exitosa que Argentina tuvo se llamó Plan Houston y fue del gobierno de Raúl
Alfonsín.
No se saldrá de esta situación comprometida si no se realiza un cambio
de
política, un cambio de organización del sector, y – sobre todo- si no se
sanciona un nuevo marco legal. La salida debe ser consensuada como
política de estado. Para iniciar ese
proceso de cambio es necesario que se admita la responsabilidad de comando en
el fracaso.
El equipo energético debe dar un paso al costado y permitir la
implementación de una nueva política que revierta en un plazo mediato esta
penosa situación.
3.
AUDITORIA DE AREAS PETROLERAS CONCESIONADAS Y DE
PERMISOS
DE EXPLORACION
Se debe impulsar una
Auditoria Integral e independiente de Concesiones
de Explotación y Permisos de Exploración,
en todas y cada una de las
áreas dadas en concesión o permiso de exploración desde 1992.
Las auditorías deberán verificar la legalidad y cumplimiento de
Obligaciones
por parte de concesionarios y permisionarios. Además, deberán incluir
los
contratos prorrogados. Los resultados de las Auditorías deben ser
públicos.
Estas auditorías también incluirán la
certificación de las reservas que Argentina posee en sus diversas
categorías en todo el territorio nacional.
4. PLAN
PARA RECUPERAR LA SOBERANIA ENERGETICA
El plan de la UCR para enfrentar y resolver definitivamente la crisis
energética, se basa en el establecimiento de un nuevo orden legal sectorial y
de una nueva organización que permita al estado nacional, en armonía con las
provincias, recuperar el poder de decisión y la soberanía sobre el manejo de
nuestros recursos energéticos en beneficio de todos los habitantes de la
nación.
El mismo se integra en los siguientes puntos:
A partir
de las auditorías y al conjunto de áreas revertidas al estado nacional y
provincial
por incumplimientos, se configurará un nuevo mapa hidrocarburífero
para
Argentina. La gestión de las áreas de este nuevo mapa, contemplando los
supremos
intereses estratégicos nacionales, y de acuerdo a lo que disponga la
nueva
legislación podrá contemplar tanto nacionalizaciones o estatizaciones
parciales,
como así también el llamado a nuevas licitaciones públicas con las
áreas
revertidas al estado por incumplimiento por parte de las empresas
petroleras.
El estado
nacional garantizará dentro de la política nacional de hidrocarburos
en todo
momento una adecuada captación de la renta petrolera y el
equilibrado
usufructo de la misma por parte de todos los habitantes de la
nación
•
Crear una Agencia Federal Energética (AFE)
que
atienda las políticas de
Petróleo,
Gas y Biocombustibles Nacionales; fiscalice la actividad de los
permisionarios
y concesionarios; realice licitaciones de áreas de
exploración;
controle y transparente el funcionamiento de los mercados de
hidrocarburos
para evitar conductas monopólicas.
•
Presentar
al Congreso de la Nación de una nueva Ley de
Hidrocarburos
que
reemplace a la ley 17319 y a la ley Corta nº 26197.
•
Impulsar
una Auditoria integral e independiente para el proceso de
importación
de combustibles
,
particularmente gas natural licuado (GNL),
Gas Oil,
y Fuel Oil. Se evaluarán las operaciones en conveniencia; legalidad;
transparencia
y precio competitivo. Los resultados de las Auditorías serán
públicos.
•
Exigir
que se reviertan la áreas a sus concedentes
a
aquellos concesionarios de explotación o permisionarios de exploración que no
hayan
cumplido con sus compromisos, conforme a las pautas que
establece
la legislación hoy vigente.
•
En
función del resultado de las auditorías y del plan energético nacional,
evaluar
la
nacionalización de YPF o la creación de una nueva
empresa.
•
Creación
del Mercado Unico de Combustible,
el M.U.C
estará integrado
por el
Estado y los operadores (productores, refinadores y
comercializadores).
Los objetivos centrales son: garantizar el volumen para
todas las
estaciones de servicio (blancas y de marca), eliminando los cupos
y
establecer un precio único para todo el país.
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